Ayer la provincia de La Rioja debía afrontar un vencimiento por USD 26,2 millones correspondientes a un instrumento de deuda emitido en 2017. Sin embargo, anunció que no podría hacerlo y llama a los acreedores a renegociar.
Martes 27 de febrero de 2026, Mg. Yanina S. Lojo
La provincia de La Rioja ha estado envuelta en varias cuestiones económicas en el último tiempo. En primer lugar, fue noticia por la decisión de emitir una cuasimoneda: Bono Cancelación de Deuda (BOCADE) cuya imagen hace poco fue difundida. Ahora comunica a los tenedores de un bono provincial emitido en 2017 que no podrá honrar su obligación. Esto fue informado el mismo día que el gobierno provincial debía afrontar un pago por USD 26,2 millones.
¿Cuáles el bono en cuestión?
En febrero de 2017 la provincia emitió un título, identificado como el RIF25, por US$200 millones. Más adelante, en agosto de ese mismo año, amplió la emisión por unos USD 100 millones. La Tasa Nominal Anual (TNA) de este instrumento es del 9,75%. El vencimiento de estos es 2028.
Sin embargo, en 2021 luego de una reestructuración de títulos públicos y como resultado de una renegociación el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028.
¿Para qué se emitió?
Según se explicó, el objeto era financiar el Parque Eólico. Se lo denomina entonces “bono verde”. Pero qué es un bono verde.
¿Qué es un bono verde?
Se denomina de esta manera a aquellos títulos de crédito emitidos por instituciones públicas o privadas que tienen por objeto financiar proyectos verdes o sustentables.
¿Está oficialmente la provincia en default?
Técnicamente no. Aunque es solo temporal. ¿Por qué? El contrato del bono riojano prevé que la postergación del pago no se traduce en un evento de default automático, sino que existe un período de gracia antes de que puedan los bonistas reclamar el pago completo de la deuda.
¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por el gobierno provincial?
Según informa el Ministerio de Hacienda de La Rioja “El gobierno de la provincia de La Rioja informa que la Provincia enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028 (los Bonos)”.
Y trae a colación la cuestión de la coparticipación, indicando que la provincia “no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.70, haciendo que los ingresos de la Provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”, lo cual ha limitado la capacidad de “honrar sus compromisos financieros, incluyendo los bonos”
Finalmente, informan que “la Provincia ha contratado asesores financieros y legales y tiene la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible”.
Según informaron desde la provincia se habrían iniciado ya contacto con los acreedores “adicionalmente, sujeto al resultado de conversaciones preliminares con inversionistas, la Provincia realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adecuados al 24 de febrero de 2024″.
¿Es realmente un problema coyuntural?
Dentro de los argumentos que presenta la provincia indica que la situación económica actual ha puesto a la misma en una posición crítica. Argumentando que “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”.
Sin embargo, ya no es la primera vez que La Rioja declara el default del bono en agosto del 2020 comunicó que no efectuaría el pago, y se acogió al período de gracia de 30 días para iniciar las negociaciones para reestructurar el título. Al no llegarse a ningún acuerdo la provincia terminó en default. Esto produjo que en abril del 2021 que parte del grupo ad hoc de Bonistas de La Rioja demandaran a la provincia en los Tribunales de New York Recién un año después se logró llegar a un acuerdo.
Claramente, la situación de la provincia en materia económica es compleja – lo cual quedo evidenciado por la emisión del BOCADE por unos $22.500 millones -, puesto que la relación entre los ingresos y los gastos está totalmente fuera de equilibrio.
Ante la necesidad de tener que enfrentar un posible recorte de gastos, en el caso particular, se prefirió recurrir a la emisión de una cuasimoneda y la cesación del pago de los vencimientos actuales.
El mayor problema es que este tipo de decisiones por parte de una provincia repercute no solo en la economía general del país y genera además cuestiones de índole política y social, sino que pueden afectar a los bonos emitidos por otras jurisdicciones.
Son unas catorce provincias las que deberán afrontar pagos en divisas. Algunas ya cumplieron con los pagos, como es el caso de Chubut, Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos y Neuquén. La provincia de Buenos Aires también deberá enfrentar un vencimiento en breve.
Obviamente que, el mercado analizará la situación en un todo más allá de las particularidades de cada jurisdicción y cada bono subsoberano y tomará posición. En los próximos días, veremos la respuesta.
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